El presidente de Prosanity S.A Ernesto Van Der Kooy y Natalia Jorgensen, consultora en Red Criteria – BID se refirieron a los planes de beneficios para los argentinos, el PMO y el vademécum, coordinada por Germán Gramajo, interventor del IPSST Tucumán. 

Van Der Kooy sostuvo que “no podemos medir lo que se gasta en salud en porcentaje del PBI sino a través del gasto en salud per cápita, que hoy está en 2300 dólares” y añadió que “el gasto público representa el 70 por ciento y el 30 corresponde al gasto privado” 

El especialista explicó además que, “según nuestra Constitución, la responsabilidad primaria en materia de regulación, financiamiento, provisión y control de acciones de salud recae sobre las provincias mientras que la Constitución Nacional, asigna al Estado Nacional la responsabilidad primaria en materia de Seguridad Social”. En tanto, las provincias delegan delegan parte de sus tareas tanto en la

Nación como en los Municipios mientras que la coordinación entre Nación y provincias se instrumenta mediante el Consejo Federal de Salud (COFESA).

En este escenario, “es la oportunidad para que que las OSP definan su modelo de atención y el conjunto de prestaciones que tienen que brindar”, subrayó y destacó que “existe un importante problema con la doble cobertura”. 

Por otro lado, resaltó que “bajo el éjido de las provincias el 50, 51 por ciento de la población tiene cobertura de responsabilidad provincial: una parte de ella de la obra social y el resto de la provincia directamente, porque la totalidad de las personas sin cobertura de nuestro país pertenecen geográficamente a alguna de las provincias y ninguna pertenece a la Nación”. 

Van Der Kooy explicó el mecanismo de actualización del PMO, que tiene como objetivo calcular la capacidad de financiamiento que tienen las obras sociales nacionales, y aquello que pueden cubrir con sus ingresos por aportes y contribuciones. Hoy solo el 29 por ciento de las obras sociales llegan a cubrirlo y con el agregado de subsidios y reintegros llegan al 42 por ciento. “En el cálculo del último PMO, aquello que pierden las prestaciones de prevención la ganan las prestaciones especiales”, advirtió Van der Kooy. 

Finalmente, aportó algunos datos generales a las Obras Sociales Provinciales, “que también tienen dificultades para cubrir el costo del PMO”. 

“La Superintendencia de Seguros de Salud no tiene injerencia sobre estas entidades, solo son auditadas por los Tribunales de Cuenta de cada Jurisdicción y brindan fundamentalmente prestaciones de Salud médico asistenciales, en tanto que no están obligadas al PMO y lo utilizan como marco de referencia”, detalló y aclaró que las OSP “dependen de las políticas que fija cada Estado Provincial”.

Por su parte, Natalia Jorgensen habló de los planes de beneficios, que tienen que perseguir un objetivo y definir prioridades y cuál es su costo. 

“Lo que se costea hoy es el PMO de emergencia, una serie de prestaciones en una galaxia que no sabemos bien qué tiene adentro con todas las leyes por enfermedad que fueron ingresando”, dijo Jorgensen y señaló que “no sabemos cuál es el costo real, con tasas de uso que difieren entre financiadores y regiones”. “Tenemos ampliación de cobertura por patologías y sin evaluación de la cobertura efectiva”, añadió y especificó, en relación a las OSP, que tienen obligación de cubrir el PMO, que “la cobertura es aún más amplia y obedece a la ausencia de esa definición de coberturas explícitas y control”. 

“Las OSP tienen, sobre todo en medicamentos, la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas drogas, en forma más rápida”, añadió y señaló que “los medicamentos absorben un porcentaje mayor del presupuesto y las prestaciones que tienen que ver con los servicios tiene menos recursos disponibles, lo que genera una pauperizaciòn de los servicios que no es bueno para nadie”. 

“Hoy conviven coberturas explícitas con las  implícitas y ese “no” en la judicialización, no está gestionado”, subrayó y agregó que “las coberturas implícitas tienen un costo en salud, significan que no sabemos dónde estamos asignando los recursos y hacia dónde dirigir estrategia que permitan avanzar en la mejora de la salud poblacional”. 

“Hoy conviven coberturas explícitas con implícitas que tienen un costo en salud que no se puede dimensionar, y significa que no sabemos dónde estamos asignando los recursos y hacia dónde dirigir estrategias que permitan avanzar en la mejora de la salud poblacional”. 

“Priorizar termina siendo un proceso técnico, pero también una decisión política”, consideró.

Al cierre, Gramajo señaló que “es un desafío sentarnos con todos los sectores para ayudarnos y todos estamos esperando un PMO para las OSP” y agregó que es necesario “lograr un consenso”. “Que hoy estemos acá todos para hacer algo es un disparador porque aquí hay gente con poder de decisión”, concluyó.